Organismos civiles piden al Senado ley para prevenir la tortura

Una ley general en materia de tortura y tratos crueles debe impedir que los delincuentes sean exonerados por el sólo hecho de alegar tortura, consideraron integrantes de organizaciones civiles.

Lo anterior fue demandado ante el Senado de la República, al iniciar este martes las audiencias públicas sobre la iniciativa de ley que en envió el jefe del Ejecutivo federal el año pasado.

De acuerdo con la activista Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, los legisladores deben tener claro que “una cosa es denunciar tortura y otra muy distinta acreditarla ante las instancias correspondientes”.

El criterio referido, apuntó Wallace, debe servir para reconocer que "hay muchos abogados oportunistas y procesados", que creen que por el hecho de argumentar que fueron torturados deben obtener su libertad.

Hay quien pretende por una supuesta tortura debe ser exonerado; después de haber secuestrado, matado, violado y esto no lo vamos a permitir, apuntó la señora Isabel Miranda.

Wallace subrayó que se trata de contar con una ley que prevenga y sancione la tortura por parte de servidores públicos, pero también de imponer castigo a quienes cometieron un delito

En el mismo sentido se pronunció el doctor Julio Hernández Barros, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo del gobierno federal.

Habrá que buscar un balance entre los derechos de la víctima de la tortura y a los derechos de la víctima en general, de manera que ninguno de los dos sea soslayado", apuntó el funcionario.

Asimismo reconoció que la práctica de la tortura sigue persistiendo, "con nuevos métodos y prácticas, más sofisticados”.

De ahí la necesidad de crear áreas especializadas en prevenir y sancionar la tortura y de que los mecanismos de investigación sean iguales en todo el país.