Fiscalía Anticorrupción y Contraloría investigan a Padrés

La Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción del gobierno de Sonora investigan denuncias específicas en contra de la Oficina del Ejecutivo que en el sexenio 2009-2015 representaba al exmandatario panista, Guillermo Padrés Elías.

Fuentes oficiales consultadas por periódico Excélsior, aseguraron que son varias las averiguaciones previas relacionadas a la oficina del exgobernador de Sonora y que el asunto más grave es la autorización de Guillermo Padrés para la realización de auditorías 'a modo' que beneficiaron a colaboradores cercanos, exfuncionarios y empresarios cómplices de su administración.

A pregunta expresa, sobre si existen denuncias específicas en contra de la Oficina del Ejecutivo Estatal, el contralor general de Sonora, Miguel Ángel Murillo Aispuro, respondió:

Específicamente en contra de la Oficina del Ejecutivo (durante el sexenio de Guillermo Padrés), sé que también tienen averiguaciones previas en la Fiscalía Anticorrupción y nosotros acá tenemos investigaciones en la Contraloría Estatal".

Fue en marzo del 2015 cuando salió a la luz pública que la administración de Guillermo Padrés había favorecido a 574 contribuyentes, entre empresarios y ex funcionarios, con exoneración de impuestos por mil 704 millones de pesos, a través de 198 auditorías amañadas, según informó Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del SAT.

Éste escándalo de corrupción generó un daño al fisco federal superior a mil 705 millones de pesos; además que el erario público estatal dejó de percibir alrededor de 104 millones de pesos en incentivos fiscales que serían gastados en programas y acciones de salud, educación, seguridad e infraestructura pública.

En una sanción inédita, el pasado 20 de noviembre el Servicio de Administración Tributario comunicó al Gobierno de Sonora que le serían retiradas las facultades de fiscalización y que la tesorería federal tomaba a su cargo exclusivo el ejercicio de comprobación en la entidad hasta el 31 de diciembre del año pasado; durante este periodo, el gobierno estatal dejó de ejercer las facultades de comprobación y perdió el derecho a recibir los incentivos correspondientes.